A dos años de la puesta en marcha de la Ley 27.275 de acceso a la información pública, y en celebración del Día internacional del derecho a saber, el miércoles 18 de septiembre de 2019 se llevó a cabo en la Defensoría General de la Nación (DGN) el seminario “Acceso a la información pública y apertura de datos en las instituciones del servicio de justicia”, organizado por la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público de la Defensa (MPD) con el apoyo de la Embajada Británica en Buenos Aires.
En la apertura, el Secretario General de la DGN, Santiago Roca, expresó que el acceso a la información pública es una condición fundamental del sistema republicano, porque “permite que la sociedad conozca lo que se hace, que ejerza un control ciudadano sobre las organizaciones públicas, y lograr que todo sea más transparente”.
El funcionario se refirió a las dificultades que existen en el país para aplicar la ley de acceso a la información pública en las instituciones del sistema de justicia. “Hay un poco de oscurantismo. A través de esta ley estamos intentando que esto se revierta y empezar a abrirnos a la sociedad, a quien nos debemos”, explicó. “La Ley favorece el intercambio y el debate dentro de la institución, entre todos los actores del sistema y la sociedad civil. Tenemos que lograr de adentro hacia afuera cambiar la cultura que existe hasta ahora, y que la sociedad vea cuáles son nuestras estadísticas, costos, en qué trabajamos”, agregó.
Por su parte, Elizabeth Green, vice embajadora británica en Argentina, sostuvo que el acceso a la información pública es un tema prioritario para el Reino Unido. "En nuestros países se avanzó mucho en transparencia. Quizás al principio fue para dar mayor credibilidad a nuestra gestión, pero ahora también sirve para promover conciencia ciudadana. La sociedad civil ha sido muy importante para impulsar el debate y generar mayor demanda al gobierno en estos temas”, comentó.
Asimismo, con relación al rol y la actuación del MPD, la vice embajadora afirmó que "la DGN es una institución digna de orgullo y reconocimiento por su profesionalismo y compromiso".
Más tarde, en el panel “Relevancia de la apertura de datos y el acceso a la justicia”, Ornela Mazza Gigena -directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública del MPD-, habló de la ley 27.275 como paso fundamental para al acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
“Creemos primordial trabajar el diálogo con las defensorías para entrecruzar el acceso a la información y a la justicia. El primer motivo es porque la DGN es uno de los primeros eslabones para acceder al servicio de justicia, y la defensa pública es un servicio público. Pero, además, la DGN tiene un rol muy interesante en esta temática, que se distingue por tener una doble personalidad: es un sujeto obligado a dar información por la ley de acceso; pero a su vez es un sujeto requirente, porque los funcionarios y magistrados del organismo en general piden información pública a otros poderes, para recabar datos que sean útiles en litigios estratégicos”, fundamentó Mazza Gigena.
“Este doble rol coloca a la DGN en una situación ventajosa para ponerse en los zapatos del ciudadano y pensar de qué manera se entrega la información que se pide, cómo sistematizarla”, dijo la funcionaria, y agregó: “El acceso a la información pública tiene que ser una política transversal y para esto necesitamos la colaboración de todos ustedes”.
También participaron del panel Gavin Freeguard, Director de Programa, Jefe de Datos y Transparencia del Institute for Government de Gran Bretaña, quien contó su experiencia en temas de transparencia en el Reino Unido; y Roberto Saba, doctor en Derecho de la Universidad de Yale y director de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, quien explicó que el acceso a la información pública “es importante para la corrupción, pero además es un instrumento fundamental para el ejercicio de derechos de todo tipo”.
“Es necesario que la ciudadanía participe y controle la discusión que se da al interior de los tribunales sobre la interpretación de los derechos constitucionales, y esto se consigue a través del conocimiento de lo que los tribunales deciden”, manifestó Saba. “Necesitamos que los tribunales nos aclaren el alcance de nuestros derechos. Para eso es importante que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, que la sociedad civil tenga conocimiento anticipado de la agenda de los tribunales, y toda la información que rodea a la decisión judicial. Esto forma parte del acceso a la información, y todavía hay muchos obstáculos para concretarlo. Tal vez sea necesaria una implementación del acceso a la información destinada en especial al acceso a la justicia”, expresó.
El seminario continuó con los paneles “Experiencia en apertura de datos y acceso a la información” y “Medición del acceso a la información pública”, donde se contó con la presencia de Carolina Cornejo (Directora de Gobierno Abierto de la Secretaría de Modernización de la Nación), Luciana Vajnenko (Directora de la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana del Consejo de la Magistratura de la Nación), Mariano Heller (Secretario de Planificación del Consejo de la Magistratura de CABA), Pablo Hilaire (Prosecretario Coadyuvante del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Nº 10 de CABA), Natalia Aquilino (Directora de monitoreo y evaluación de CIPPEC), Fernanda Araujo (Directora Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana, representando a la Mesa de Coordinación Institucional de Acceso a la Información Pública), Sebastián Pilo (Co-director de ACIJ) y María Gracia Andía (Titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información del Gobierno de CABA)
La jornada finalizó el jueves 19 de septiembre con una mesa de trabajo sobre “Acceso a la Información y Apertura de Datos en Organismos Vinculados con el Servicio de Justicia” junto con el experto británico Gavin Freeguard e integrantes de diversas áreas de la Defensoría General de la Nación.
