El Ministerio Público de la Defensa es el órgano encargado de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas y tiene entre sus principales funciones:
- Proveer la asistencia de un abogado para asegurar el acceso a la justicia de las personas.
- Ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias.
- Brindar asesoramiento y/o patrocinio jurídico para la defensa de los derechos de las personas en cuestiones no penales (civil –familia y patrimonial-, comercial, contencioso administrativo, trabajo, seguridad social, etc.).
- Intervenir, por intermedio de los Defensores Públicos de Menores e Incapaces, judicial o extrajudicialmente en supuestos en que se encuentren comprometidos derechos o intereses de niñas, niños y adolescentes, o respecto de quienes haya recaído sentencia en un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias. Asimismo se interviene en los procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias.
- Ejercer, a través de los Defensores Públicos Tutores, la tutela pública para brindar protección a los derechos, intereses o bienes de niñas, niños y adolescentes cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental; cuando exista conflicto de intereses con sus representantes legales y en los demás casos previstos en la normativa legal.
- Intervenir, a través de los Defensores Públicos Curadores, en el marco de procesos referentes al ejercicio de la de la capacidad jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica.
- Ejercer en los casos que corresponda la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo.
- Diseñar y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los grupos en condición de vulnerabilidad.